Skip to content

Prensa: El recurso de la PAH: más que recurso de inconstitucionalidad

by en 24/08/2013

tercerainformacion.es | Rafael Mayoral/Javier Rubio/Verónica Davalos | 16-08-2013

“Todo parece imposible hasta que se hace” Nelson Madela

Primero el hecho después el derecho.
Desde 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha denunciado que las ejecuciones hipotecarias masivas violan el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva y suponen una la violación sistemática de derechos humanos. Que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y las condenas a deudas perpetuas son violaciones flagrantes de la obligaciones internacionales del Reino de España en materia de derechos humanos.

La PAH no se ha limitado a la denuncia sino que por medio de procesos de auto organización de las personas afectadas y el desarrollo de dinámicas de solidaridad, apoyo mutuo y lucha colectiva han articulado de forma práctica la defensa de los derechos humanos impidiendo centenares de desahucios y consiguiendo miles de daciones en pago y alquileres sociales. La lucha ejemplar de las personas consideradas “los nadie”, que perdieron todo a manos de un sistema financiero criminal, todo menos la dignidad, ha roto la omertà, el silencio mafioso impuesto por los poderosos.

Mientras la PAH como expresión genuina de una nueva sociedad civil se organizaba para hacer frente a sus necesidades y para enfrentar la injusticia, los poderes del estado incumplían todas sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Gobierno Parlamento, Senado, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e incluso el propio Tribunal Constitucional.

Muchos tribunales, haciendo aplicación ciega del formalismo legal, como si de trituradores de personas se trataran, despachan centenares de miles de ejecuciones hipotecarias sin derecho a la defensa, sin tutela judicial efectiva, sin respetar la supremacía de la normativa comunitaria de consumidores afectad@s bajo el principio absolutista de “primero te ejecuto y discutimos después”, protegiendo los intereses leoninos impuestos unilaterlamente por la Patronal bancaria.

El propio Tribunal Constitucional, en una resolución que pasará a la historia como una de las más vergonzantes para el derecho a la defensa, dio respuesta a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Magistrado Guillem Soler i Solé, en aquel entonces del Juzgado de Primera Instancia num. 2 Sabadell, en la que se preguntaba si el procedimiento de ejecución hipotecaria podía suponer una violación del derecho la defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva, y del derecho a la vivienda. El Tribunal Constitucional respondió que no había lugar a la cuestión puesto que ya tenía doctrina asentada al respecto y que “cuando una persona suscribe una hipoteca consiente en ver su derecho a la defensa momentáneamente disminuido”.

El 14 de marzo de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso AZIZ resolvió que en el procedimiento de ejecución hipotecaria en España no existía control jurisdiccional cuanto a la apreciación de oficio de cláusulas abusivas en el título ejecutivo, ni recurso efectivo para el deudor ejecutado cuanto a oponer las mismas, y eso era contrario al Derecho de la UE. La ausencia de control jurisdiccional y de recurso efectivo supone la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, elementos esenciales que configuran el derecho a un procedimiento con todas las garantías. La resolución del TJUE supone un varapalo al Tribunal Constitucional. El procedimiento de ejecución hipotecaria regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 viola el principio básico procesal “pro consumatore” e incumple desde su entrada en vigor la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.

Un millón cuatrocientas mil firmas suscribieron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la paralización de todos los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. Según las encuestas, el 80% de la población apoya estas reivindicaciones y las actividades de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sin embargo, el Partido Popular desatendió las razones que llegaban al Parlamento y aprobó en su lugar la Ley 1/2013, que, además de violar presuntamente derechos fundamentales, tan sólo contempla suspensión temporal de desahucios para casos de vulnerabilidad extrema, refinanciación de la deuda de los afectados a medida de las entidades financieras y aplicación cicatera de los principios de protección al consumidor frente a abusos bancarios en incumplimiento flagrante de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de marzo de 2013.

La Ley de 1/2013 (también conocida como Ley de la Vergüenza) es un producto legislativo elaborado contra la voluntad popular, contra la normativa europea sobre consumo, contra la propia Constitución y contra los Derechos Humanos. de la Asociación Española de Banca, los Consejos de administración de las entidades financieras y de los inversores internacionales en contra de la mayoría de la población.

Un mes para alegar cláusulas abusivas, tres meses para recurrir la Ley.
La ley 1/2013 se diseñó para que se pueda acoger a ella el menor número de personas posibles. La PAH, movimiento social a pie de calle y de juzgado, puso todos sus recursos para defensa a la población.

Publicada el 15 de mayo, la Ley da el plazo de un mes a los afectados con procedimientos en marcha, en los que no se ha producido el desalojo para alegar cláusulas abusivas y su publicación en el BOE sirve como notificación a todos los efectos. Sabiendo que la mayoría de ejecuciones hipotecarias se acometen sin que el afectado cuente con defensa letrada, la Ley colocó en indefensión real a decenas de miles de familias para las que el Estado de Derecho, a efectos prácticos, no está vigente. Pero, en apenas 10 días, la PAH colgó en Internet un “Kit de Emergencia” elaborado por su Comisión jurídica para que afectad@s y abogados dispusieran de herramientas jurídicas con las que presentar alegaciones contra los abusos de las entidades financieras en los contratos de préstamo hipotecario. La existencia de 170 plataformas por todo el Estado facilitó la difusión y el planteamiento de la batalla en los tribunales por parte de las víctimas de la estafa hipotecaria.

En el “Kit de Emergencia” ya se señalaban elementos de inconstitucionalidad de la ley (vulneración de la tutela judicial efectiva, desigualdad de armas procesales e inaplicación de la sentencia europea). En el encuentro estatal de Valencia, el 15 de junio de 2013, la PAH acordó preparar recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013 antes del plazo legal de tres meses desde su publicación.

Más que un recurso de inconstitucionalidad.No somos Diputados, ni Senadores, ni Defensor del Pueblo, ni Gobierno estatal o autonómico, únicos sujetos legitimados en la Constitución para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad. Planteamos este recurso desde una sociedad civil organizada a la que no se le da el lugar para impugnar una Ley. Al hacerlo, ponemos en evidencia el déficit democrático que supone la restricción para plantear el recurso de inconstitucionalidad y los deficientes mecanismos de protección de los derechos humanos contemplados en el ordenamiento constitucional actual. La lucha por la vivienda, contra la precariedad y contra la exclusión social forma parte de la lucha por una democracia participativa que permita el control popular sobre los organismos del Estado y las leyes que emanan de ellos. Ninguna mayoría absoluta está legitimada para aprobar una legislación como la Ley de la vergüenza 1/2013 que supone la violación sistemática de los Derechos Humanos.

El recurso de la PAH contiene 6 motivos de inconstitucionalidad:
•Vulneración de la inviolabilidad del domicilio al no dar margen de apreciación a jueces y tribunales acerca de la necesidad y proporcionalidad de un desahucio. Literalmente, no se permite a jueces y tribunales pronunciarse sobre las condiciones concretas de cada desahucio, lo que contraviene derechos fundamentales y la doctrina europea e internacional en materia de Derechos Humanos.
•Discriminación por razón de edad y vulneración del deber de protección a menores al contemplar la posibilidad de desahuciar a los menores a partir de los 3 años, violando la Convención Internacional de Derechos del Niño.
•Violación del deber constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna al remitirse para su consecución a un fondo de viviendas que el Gobierno podrá concertar con entidades financieras, sin concreción ninguna. Se trata de una norma vacía de contenido, en oposición radical a la letra y el sentido del artículo 47 CE ( artículo que regula el derecho a la vivienda) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
•Vulneración de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos al no permitir recurrir los autos judiciales en los que no se estimen las alegaciones sobre cláusulas abusivas, mientras que sí se permite cuándo el auto judicial concluye que existen abusos bancarios.
•Vulneración de la tutela judicial efectiva y derecho a la defensa de los ciudadanos al otorgar un plazo sumarísimo de un mes para defenderse en procedimientos en marcha frente a cláusulas abusivas olvidando las centenares de miles de ejecuciones hipotecarias realizadas en absoluta indefensión, en lo que no podemos denominar nada más que como una “Ley de punto final”, que viola tanto el Convenio de Roma (derecho a un proceso equitativo) como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
•Vulneración de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos al consagrar el régimen alternativo de ejecuciones hipotecarias extrajudiciales, para ser realizadas en Notarías, al margen del control judicial necesario en un Estado de Derecho.
Este recurso expresa algo más que los concretos motivos de inconstitucionalidad. Contiene una introducción como encuadre político y social, sobre su significado en el contexto de una ofensiva, cada vez más violenta, contra los derechos y libertades de la gente trabajadora. Treinta y cinco años después de la promulgación de la Constitución Española, la retórica constitucional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales (DESC), que aparece en los artículos 30 al 51 de la Constitución, reducidos a una mera declaración de intenciones sin garantía judicial efectiva, presenta un balance desolador. En el caso del derecho a la vivienda: casas sin gente y gente sin casa.

El recurso de la PAH se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero también en la propia Constitución, para denunciar el incumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos por parte de los poderes económicos, políticos y judiciales.

El recurso de la PAH: movimiento sociales y partidos políticos.
Durante toda la elaboración del recurso, en una carrera contrarreloj, la idea era que la PAH emplazaba a los distintos actores políticos e institucionales facultados para facilitar su presentación ante el Tribunal Constitucional.

La iniciativa de presentación del recurso de inconstitucionalidad de la PAH persigue varios objetivos: a) poner en entredicho la Ley 1/2013 ante el Tribunal Constitucional, b) facilitar argumentos y mecanismos de defensa a afectados, activistas, abogados y jueces, dificultando la aplicación pasiva de una ley injusta; c) denunciar que no se permite a los movimientos sociales presentar el recurso directamente; d) poner en evidencia el incumplimiento de las obligaciones de defensa de los derechos fundamentales de la Defensora del Pueblo; e) poner sobre la mesa el hecho alarmante de una Constitución cuyos contenidos sociales carecen de vigencia para la mayoría de la población; y f) trazar una línea divisoria entre los defensores y los adversarios del derecho a una vivienda digna para tod@s.

La PAH forma parte del movimiento de acción directa en defensa del derecho a la vivienda digna y contra la exclusión social, del movimiento en defensa de los Derechos Humanos. No es momento de pedir sino de tomar y hacer, por eso la PAH elabora el Recurso de Inconstitucionalidad y reclama a los diputados su aval para poder interponerlo. La pregunta es ¿hay 50 diputados que avalen a la sociedad civil para interponer el recurso? Más de dos decenas de diputados enviaron su aval para la presentación del texto íntegro de la PAH.

Tras la publicación de la ley, dirigentes del PSOE manifestaron que sus servicios jurídicos no encontraban motivos de inconstitucionalidad en ella, por lo que no la recurrirían. Sin embargo, en la primera semana de agosto, una vez que la PAH hizo público el Recurso de Inconstitucionalidad, que su equipo jurídico había elaborado contra la Ley del Partido Popular, dirigentes del PSOE dieron a entender que podrían apoyar, con modificaciones, la interposición del recurso.

Tras conversaciones y ruedas de prensa finalmente el PSOE ha decidido a modificar el recurso de la PAH, descafeinarlo y presentarlo por su cuenta, sin dar el lugar a sus verdaderos promotores, en un intento de usurpar el papel de la sociedad civil en la lucha contra los desahucios. Los que participaron y consintieron una legislación hipotecaria contra las personas y las familias utilizan hoy el formalismo constitucional para apropiarse del esfuerzo de los movimientos sociales con fines electoralistas.

En cualquier caso, no va a haber foto. Hay recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013 por que el movimiento ha forzado su presentación con la movilización y la lucha colectiva cotidiana.

Los precedentes del Tribunal Constitucional no auguran un resultado que suponga un gran avance en la defensa de los Derechos Humanos, máxime tras conocerse la adscripción política de su presidente. No obstante, este recurso ofrece oportunidad de que rectifiquen y abre la puerta una vez más al cuestionamiento jurídico del orden establecido.

No vamos a olvidar que las miles de ejecuciones hipotecarias no son producto de un fenómeno natural sino de un sistema financiero criminal con responsables para los que la PAH exije Juicio y Castigo.

La lucha jurídica forma parte inseparable de la lucha popular, pone encima de la mesa una realidad, los ilegales son ellos. La lucha continúa parando desahucios, consiguiendo daciones en pago y alquileres sociales, impulsando la Obra Social de la PAH para recuperar las viviendas de los bancos acaparadores, que han tenido a su disposición miles de millones de euros públicos, que las mantienen vacías y abandonadas, y rescatándolas quien las necesita con sus propias manos.

En España se violan los derechos humanos de la gente trabajadora de manera sistemática. En estas condiciones, la resistencia no sólo es legítima, resulta imprescindible en el camino de asegurar las necesidades básicas de la población. Este recurso forma parte de esa resistencia. Una vez más, se ha superado el guión preestablecido, la Ley 1/2013 está hoy de nuevo en tela de juicio gracias a la movilización popular.

Todo parece imposible hasta que se hace.

SÍ SE PUEDE

Rafael Mayoral @mayoralrafa, Javier Rubio, Verónica Dávalos @davalosalarcon

Los firmantes del Articulo son abogad@s, forman parte de la comisión jurídica de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y han participado en la elaboración del recurso de inconstitucionalidad propuesto por la PAH contra la Ley de la vergüenza 1/2013.

Enlace a la noticia original

Anuncios

From → prensa

Dejar un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: